La Constitución Política colombiana de 1991 estableció un Estado social de Derecho fundado en un diseño constitucional, el cual implica un sistema de frenos y contra-pesos para el ejercicio del poder. Desde una perspectiva formalista, se trata de un aporte importante para que las decisiones estatales respondan a un equilibrio entre diferentes exigencias que en últimas beneficien al interés general sobre el particular. Sin embargo, desde una perspectiva antiformalista se evidencian fenómenos políticos que ponen en riesgo un diseño aparentemente plausible; las prácticas políti-cas tienden a beneficiar el interés particular sobre el general. Se trata de un fenó-meno recurrente en la realidad colombiana, en donde parece existir un riesgo para la plena materialización de los postulados ponderados de los frenos y contrapesos para el Estado constitucional de derecho.